Innecesario. Así podríamos definir el debate que ha surgido las últimas semanas en relación al empadronamiento de los inmigrantes. La excusa, una vez más, la crisis económica. El Ayuntamiento de Vic decide no empadronar a los residentes no regularizados en nuestro país porque alega no poder soportar el coste de los servicios sociales que necesitan. Querer negar derechos tan básicos en nuestra democracia como la asistencia sanitaria sería dar un paso hacia atrás. La inmigración viene bien a España. No podemos apartar la mirada cuando éstos hombres y mujeres son explotados y alzar la voz cuando reclaman sus derechos. La inmigración ilegal se está combatiendo y se producen decenas de miles de repatriaciones cada año pero no es tan fácil contener masas de personas con hambre. La solución es la igualdad económica entre países. Los derechos individuales NUNCA pueden estar en cuestión.